Ante la postura del mandatario nicaragüense Daniel Ortega de no volver a celebrar comicios electorales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala externó su firme rechazo. La diplomacia guatemalteca advirtió sobre el peligro que esta decisión representa para la alternancia democrática y los derechos políticos en la región.

​Violación a principios internacionales

​A través de un pronunciamiento oficial, el Gobierno de Guatemala remarcó que las afirmaciones de Ortega vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

​Asimismo, señaló que la medida atenta contra la Carta Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio del sufragio universal.

​Para el Ejecutivo guatemalteco, suspender los procesos electorales elimina la alternancia en el poder, restringe las libertades de la ciudadanía y debilita el Estado de derecho y el pluralismo.

​En consecuencia, el país expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el pleno respeto a los derechos de expresión, asociación y participación política.

​Avance de reformas en el Parlamento

​La postura de Guatemala se da luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua iniciara un plan para reformar la Constitución y diversas leyes.

​El Parlamento, dominado por el oficialismo, trabaja junto al Consejo Supremo Electoral para blindar jurídicamente cambios que impidan a la oposición competir en las urnas.

​El pasado 19 de julio, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega dejó claro que no permitirá comicios que pongan en riesgo el control gubernamental.

​Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y comparte la Presidencia con Rosario Murillo bajo el cargo de copresidenta.

​Rechazo regional y exigencias a la ONU

​Las acciones impulsadas por el régimen nicaragüense han provocado el rechazo de otros países de la región, entre ellos Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

​Paralelamente, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado por activistas en el exilio, pidió la intervención de la ONU.

​La agrupación solicitó al organismo internacional frenar las reformas orientadas a anular la competencia democrática en el país centroamericano.